Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, pero las personas menores de edad en particular, están cubiertos y amparados por una especial protección establecida en convenios internacionales, como la Convención de Derechos del Niño y la legislación nacional el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Los centros educativos están llamados a ser espacios seguros para el aprendizaje de una convivencia basada en la equidad y la justicia, con un enfoque de derechos humanos, libres de toda forma de violencia y discriminación y de la presencia de los riesgos y las consecuencias de las drogas.
El bullying es un fenómeno que afecta el bienestar y desarrollo de las personas en los centros educativos.
Es necesario trabajar en la prevención mediante un esfuerzo coordinado y articulado de asignación de tiempo, recursos, tareas y responsabilidades. Cuando se detecta se hace indispensable atenderlo de manera inmediata, para lo que se requiere de una ruta de procedimientos, la cual se expone en el protocolo respectivo.
Las personas que integran la comunidad educativa tienen derecho a un ambiente pacífico, que fomente la sana convivencia. Es por ello que se debe evitar la presencia de armas, las cuales representan un peligro que atenta contra la integridad y genera más violencia.
Los conflictos pueden ser resueltos de manera creativa y pacífica, para construir relaciones armoniosas e inclusivas, que permitan vivir una cultura de paz. Por esta razón, toda la comunidad educativa debe comprometerse a la eliminación de cualquier tipo de armas.
Los protocolos de actuación elaborados por el Ministerio de Educación Pública son instrumentos de aplicación obligatoria en los centros educativos, en todos sus ciclos y modalidades (preescolar, primaria, secundaria diurna y nocturna). Los cuatro protocolos de actuación para atender situaciones críticas de violencia en el ambiente educativo tienen alcance en:
1. Violencia física, psicológica y/o sexual,
2. Portación y uso de armas
3. Uso y tráfico de drogas
4. bullying.
