Este protocolo tienen como propósito generar una serie de recomendaciones prácticas en torno a cómo enfrentar y actuar ante la discriminación por orientación sexual e identidad de género no normativa dentro del sistema educativo costarricense, con la intención de que este se vuelva un entorno seguro para el desarrollo integral de todas las personas menores de edad  y demás población estudiantil. 

El suicidio es un problema actual de salud pública. Según la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud (2014), existe un promedio de 318 casos de suicidio consumados por año en Costa Rica.  Además, se muestra un ascenso en los casos del intento suicida, mayormente en mujeres.

El embarazo en niñas y adolescentes constituye una realidad para miles de mujeres en Costa Rica; razón por la cual se requiere del Estado, como garante de los derechos, una respuesta efectiva a la luz de la demanda social de este grupo poblacional.

El documento “Relaciones Impropias: cuando la edad sí importa”, que es una mediación pedagógica de la Ley 9406 “Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, reforma Código Penal, Código de Familia, Ley Orgánica TSE y Registro Civil y Código Civil”, más conocida como la “Ley de Relaciones Impropias”.

Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, pero las personas menores de edad en particular, están cubiertos y amparados por una especial protección establecida en convenios internacionales, como la Convención de Derechos del Niño y la legislación nacional el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Los centros educativos están llamados a ser espacios seguros para el aprendizaje de una convivencia basada en la equidad y la justicia, con un enfoque de derechos humanos, libres de toda forma de violencia y discriminación y de la presencia de los riesgos y las consecuencias de las drogas.