Mediante la reincorporación se busca la restitución integral del derecho a la educación de personas que han sido excluidas del sistema educativo y; por lo tanto, no han concluido la Enseñanza General Básica ni la Educación Diversificada.

En los procesos de reincorporación educativa es importante el involucramiento de todas las instancias o instituciones relacionadas, la comunidad educativa y, de manera particular, la participación estudiantil activa en la elaboración y aplicación de estrategias para la permanencia.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) asume el desafío de asegurar que la totalidad de las personas estudiantes sean el centro del proceso educativo y sujetos transformadores de la sociedad, mediante la garantía de:

• La permanencia en el sistema educativo.

• El disfrute pleno y satisfactorio de su derecho a la educación.

• El goce de un proceso de educación de calidad que promueve su desarrollo integral en un ambiente seguro y saludable.

• Que culminen sus estudios de manera exitosa hasta la secundaria.

En el Ministerio de Educación Pública se cuenta con la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE), que lidera y promueve un trabajo colaborativo y articulado con las instancias ministeriales y los equipos para la permanencia, presentes en las Direcciones Regionales de Educación y en los centros educativos.

Este protocolo tienen como propósito generar una serie de recomendaciones prácticas en torno a cómo enfrentar y actuar ante la discriminación por orientación sexual e identidad de género no normativa dentro del sistema educativo costarricense, con la intención de que este se vuelva un entorno seguro para el desarrollo integral de todas las personas menores de edad  y demás población estudiantil. 

Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, pero las personas menores de edad en particular, están cubiertos y amparados por una especial protección establecida en convenios internacionales, como la Convención de Derechos del Niño y la legislación nacional el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Los centros educativos están llamados a ser espacios seguros para el aprendizaje de una convivencia basada en la equidad y la justicia, con un enfoque de derechos humanos, libres de toda forma de violencia y discriminación y de la presencia de los riesgos y las consecuencias de las drogas.